Condenan a una ART a pagar más de 60.000 pesos de indemnización a un albañil por un accidente laboral

La Cámara del Trabajo hizo lugar a una demanda que había presentado un obrero de la construcción contra la aseguradora por los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de un accidente en la obra, donde trabajaba. Sin embargo, los jueces rechazaron el reclamo contra la empresa constructora. El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2006.



La Cámara del Trabajo de esta ciudad hizo lugar a la demanda que había presentado un albañil, de 47 años, que sufrió un accidente mientras trabajaba en una obra y condenó a la firma Berkley International Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA a pagar 61.428 pesos en concepto de capital e intereses.
Los jueces Juan Lagomarsino y Ariel Asuad coincidieron en el porcentaje del 25% de discapacidad del trabajador. En cambio, el tercer juez de la Cámara, Carlos Salaberry, consideró que correspondía indemnizar por el 12,5% de incapacidad.
Donde los jueces estuvieron de acuerdo fue en rechazar el reclamo del albañil contra la empresa constructora Arrieta y Arrieta Construcciones SRL.
El fallo de la Cámara se publicó la semana pasada en la página web del Poder Judicial. Lagomarsino recordó en el voto de la mayoría, porque Asuad adhirió a su postura, que la demanda la inició el trabajador contra la empresa constructora y la compañía aseguradora para que se los condene al pago de 221.890 pesos, más los intereses y las costas del juicio.
Lagomarsino sostuvo que no se ha controvertido que el demandante trabajó para Arrieta & Arrieta Construcciones SRL, como oficial armador, desde el 1 de septiembre del 2005 hasta el 25 de junio del 2007 cuando fue despedido.
Tampoco que el 10 de marzo del 2006 sufrió un accidente de trabajo cuando trastabilló mientras se desplazaba caminando con una viga de hierro armado, torciéndose la rodilla derecha, con lesión en el ligamento lateral extremo.
El accidente fue denunciado por el empleador y el albañil fue atendido en el Sanatorio del Sol realizándole una resonancia magnética y solicitándose una artroscopía compleja de rodilla dercha, pero la ART rechazó la prestación dando el cese de la ILT por alta médica sosteniendo que se trataba de una patología inculpable.
Lagomarsino indicó que el 29 de mayo fue examinado por la comisión médica que se expidió afirmando que la aseguradora no debe brindar prestaciones, pese a diagnosticar traumatismo de rodilla derecha causado por el accidente denunciado, por detectarse lesiones preexistentes.
El perito estableció una incapacidad parcial y permanente como consecuencia del accidente padecido del 18,15 % de la total obrera, pero como el trabajador tenía antecedentes –una operación de meniscos realizada 20 años antes- consideró adecuado reconocer como consecuencia directa del accidente el 50% de la incapacidad determinada.

Empleador
Lagomarsino advirtió que “por el modo cómo se produce el accidente no surge evidente, ni ha sido probado, que el empleador haya actuado culposamente como para responsabilizarlo en los términos del artículo 1109 del Código Civil”.
Afirmó que el demandante se desplazaba por la obra cargando una viga cuando trastabilló. “No sabemos cuál ha sido la causa que lo hizo trastabillar, porque no se ha invocado que tropezara con algún elemento de la obra –por ejemplo-, de modo que debemos presumir que sucedió como un desequilibrio propio de su andar, que le pasa a cualquiera porque justo pisa alguna irregularidad del terreno, porque le baja el azucar en sangre y la concentración natural, o cualquier otra causa”.
“Propongo consecuentemente rechazar la demanda respecto de Arrieta & Arrieta Construcciones SRL, que ha contratado un seguro para que responda por este tipo de situaciones”, aseguró Lagomarsino.
No obstante, el juez puntualizó que “distinta es la situación de la aseguradora que, encontrándose obligada a responder se negó a cumplir injustificadamente”.
El camarista consideró que “cuesta entender que, tratándose de una situación tan sencilla, en la que la existencia del accidente no se encuentra discutida, ni la relación causal entre el accidente y el efecto dañoso, en un ámbito de reparación limitado a los términos del contrato de seguro, la aseguradora resista el cumplimiento de la función que le ha sido encomendada desamparando al trabajador y poniendo en riesgo la existencia misma del sistema”.
Consignó que “el fundamento de la oposición, confirmado por la Comisión Médica, consiste en haberse detectado la existencia de lesiones preexistentes”.

47 años
Lagomarsino señaló que el trabajador tiene 47 años y trabaja en la construcción desde 1982, “lo que significa que, en las condiciones climáticas conocidas, en tarea de esfuerzo físico, levantando, cargando y bajando peso permanentemente se desempeñó siete u ocho horas por día durante 24 años, desde que tenía 23”.
Planteó que “en una actividad como es la construcción, en la que el trabajador cambia permanentemente de empleador, y en un tipo de daño incapacitante que se genera, en parte por la existencia de un hecho relativamente violento, pero mucho más, por la infinidad de pequeños traumatismos, incluso imperceptibles para el que los sufre, ¿acaso se pretende que sólo debe repararse la consecuencia propia del último de ellos?”
Para Lagomarsino “si así fuese, nos encontraríamos frente a un sistema de desprotección absoluto, inconstitucional por contrariar la letra y el espíritu del 14 bis” de la Constitución Nacional.
Por eso, consideró que “corresponde, entonces, que contribuya la aseguradora a indemnizar las consecuencias dañosas de su incumplimiento al deber de brindar las prestaciones económicas y de asistencia que le impone la ley, y el contrato de seguro, faltando al deber de buena fe, entendido como el obrar diligente de un buen hombre de negocios que se entiende como el desenvolvimiento de una capacidad técnica y profesional específica, encontrándose afectado el interés social y el orden público”.
Lagomarsino argumentó que “entendiendo que la aseguradora ha incumplido su deber de brindar las prestaciones médicas tendientes a lograr la reinserción laboral del actor, y pagarle la indemnización como consecuencia de la incapacidad adquirida como consecuencia del accidente, y deberá indemnizar los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento”.

Impugnación
Lagomarsino admitió la impugnación efectuada por el trabajador contra la pericia médica porque: “a) aunque el daño se haya producido como resultado de muchos pequeños traumatismos anteriores, al último desencadenante, corresponde indemnizar la incapacidad sobreviniente completa”.
Por eso, propuso hacer lugar a la incapacidad del 25% requerida por el demandante, considerando que se trata de un operario de la industria de la construcción, de 47 años, que trabajó en esa actividad, adquiriendo la correspondiente especialización profesional, que actualmente cojea al caminar, no puede realizar la extensión completa de su pierna, ni doblarla completamente, y siendo diestro, tiene disminuido el diametro de su cuadriceps derecho, como tampoco puede permanecer flexionado en cuclillas”.
Lagomarsino propuso hacer lugar a la indemnización por daños y perjuicios materiales en 30.000 pesos y 10.000 por daño moral.
Y a esa suma le aplicó los intereses desde la fecha del accidente hasta la época de este pronunciamiento según las siguientes pautas: “a) desde el hecho que origina el reclamo hasta el 31.12.07 según la tasa mix, que sumada alcanza al 21,58%; y b) desde el 1 de enero de 2008 hasta el presente calculada al 24% anual, que alcanza al 32%. En consecuencia, el interés total acumulado alcanza al 53,57%”.
El juez tuvo en cuenta para la determinación del daño material, los gastos médicos que debió soportar el albañil, la incapacidad del 25%, la remuneración pero en términos del salario actual, la edad, su posibilidad de reinserción laboral.

Disidencia
Salaberry consideró –en minoría- que “la responsabilidad de la aseguradora no debe exceder de la asumida al contratar el seguro, salvo que incurra en un comportamiento dañoso subsumible en alguno de los subsistemas de responsabilidad diseñados por el Código Civil con la concurrencia de los elementos de la relación de responsabilidad: ilicitud, daño, relación causal y factor de imputación legal”.
“No encuentro en el caso que la conducta reprochada a la ART hubiera causado o, de alguna manera, provocado el agravamiento de la salud del trabajador; como tampoco el incremento de los perjuicios que debieran ser indemnizados. Y mucho menos cuando la conducta de la misma se ciñó a los mecanismos legales y a lo dictaminado por la Comisión Médica”.

 
   
 
 
 
 
 
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